Imagina que vives en otro país, que tu pasaporte ha caducado y para renovarlo tienes que regresar a tu país, pero el gobierno te persigue por tus opiniones. Esa es la situación a la que se han enfrentado miles de bielorrusos desde septiembre de 2023 cuando Lukashenko firmó el Decreto Presidencial n.º 278 (ver imagen 1), titulado: “Sobre el procedimiento de expedición de documentos y realización de trámites administrativos”. La norma obliga a los ciudadanos bielorrusos a realizar determinados trámites documentales ante las autoridades competentes en Bielorrusia, eliminando la posibilidad de renovar sus pasaportes a través de embajadas y consulados. Esto les pone en una situación muy difícil ya que su estatus legal en el país de residencia puede verse afectado.

Sin embargo, muchos se preguntarán por qué los bielorrusos no pueden regresar a su país para renovar sus pasaportes. La respuesta es que muchos opositores al régimen de Lukashenko han tenido que huir de Bielorrusia debido a la represión política y la falta de libertad. Regresar representa un riesgo inminente de ser arrestado, ya que Lukashenko los considera "traidores" o "extremistas" por oponerse a su gobierno.

En este contexto, ha surgido el proyecto New Belarusian Passport (Nuevo Pasaporte Bielorruso). Una iniciativa creada por la oposición bielorrusa asentada en Lituania y, concretamente, por la opositora Sviatlana Tsikhanouskaya. La idea busca ayudar a los bielorrusos en el exilio a reemplazar los pasaportes que han caducado, proporcionándoles un documento válido para viajar, trabajar y realizar otras gestiones. 

De momento este pasaporte tiene un significado simbólico por dos motivos: la falta de reconocimiento legal y la inseguridad del documento. Primero, al no ser emitido por un Estado reconocido internacionalmente, no tiene validez jurídica. No se puede aceptar como documento de viaje. En segundo lugar, la falta de una autoridad emisora verificable genera dudas sobre su control, el proceso de emisión y la prevención de posibles falsificaciones.

En Lituania, este proyecto ha generado debate, y uno de los puntos más discutidos es el uso del símbolo Pahonia, similar al emblema nacional lituano Vytis. Algunos políticos se han preocupado sobre la posible confusión o las implicaciones que podría tener. Además, hay una coincidencia interesante con la historia del país. Durante la ocupación soviética, los lituanos que vivían en el exilio, al igual que los bielorrusos hoy en día, recibieron un documento llamado Lozoraičio pasas. Aunque no era oficialmente reconocido por la URSS, este pasaporte ayudaba a identificar a los lituanos fuera del país y se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la ocupación, como ocurre en el caso de la propuesta de los opositores bielorrusos.

La legitimación del Nuevo Pasaporte Bieloruso ayudaría a la oposición democrática bielorrusa a continuar actuando legalmente y evitar el peligro que representa el régimen en su país. Además, el uso del símbolo Pahonia en el pasaporte servirá como un recordatorio de la lucha por una Bielorrusia democrática y libre. Este símbolo ha sido históricamente asociado con la resistencia.

El reconocimiento internacional de este documento ha resultado mucho más complejo de lo esperado. Lituania, país donde reside buena parte de la oposición democrática bielorrusa, decidió no reconocerlo como documento oficial, optando por mecanismos administrativos propios para dar respuesta a la situación de los ciudadanos bielorrusos residentes en su territorio. Según datos oficiales del Departamento de Migración lituano, a 1 de mayo de 2026 viven en el país 49.179 ciudadanos bielorrusos con permisos de residencia válidos. Por su parte, Polonia ha adoptado una postura pragmática y ha prorrogado hasta junio de 2026 el acceso de ciudadanos bielorrusos a documentos especiales de viaje emitidos por el propio Estado. La medida permite a miles de personas mantener su situación administrativa sin tener que regresar a Bielorrusia. 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (en los artículos 27 y 28) y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 (en los artículos 27 y 28) establecen que los Estados deben facilitar asistencia a las personas en estas situaciones, incluyendo la emisión de documentos de identidad y de viaje. En la práctica, esto muestra que la solución al problema documental de la diáspora bielorrusa sigue dependiendo del respaldo de Estados soberanos.

El caso bielorruso pone sobre la mesa la tensión entre legitimidad política y reconocimiento jurídico. El Nuevo Pasaporte Bielorruso se ha consolidado como símbolo de resistencia y continuidad nacional, pero sigue sin poder hacer lo que hace un pasaporte: abrir fronteras con el visto bueno de otros Estados. Este sigue sin poder hacer lo que hace un pasaporte: abrir fronteras con el visto bueno de otros Estados.

Por tanto, incluso algo que parece tan trivial como un pasaporte puede convertirse en un asunto de alta política internacional. Sobre todo en un sistema internacional dominado por actores estatales. Un pasaporte no es solo identidad: también es poder. Y ese poder sigue estando en manos del Estado, porque los pasaportes no pertenecen realmente a los ciudadanos, sino a los Estados, que conservan el poder de emitirlos, retirarlos o limitar su uso. En este contexto, el control de la documentación es una herramienta muy efectiva de control político. En el caso de Bielorrusia, la pregunta sigue abierta: quién puede hablar en nombre de una nación cuando el Estado y sus ciudadanos ya no comparten el mismo lugar.

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