Despenalizar al consumidor, regular el mercado y combatir con dureza el narcotráfico

Guido Castellanos

La posición de Guido parte de una distinción fundamental entre el consumidor de drogas y las organizaciones que controlan su producción y distribución clandestinas. Su propuesta puede resumirse en la fórmula «menos castigo al consumidor y más actuación donde está el problema». El adicto o consumidor no debe ser tratado como un criminal, sino como una persona que, en determinadas circunstancias, puede necesitar asistencia sanitaria, psicológica o familiar. El narcotráfico, en cambio, debe ser perseguido con mayor intensidad, pues representa una estructura organizada de violencia, corrupción y poder paralelo.

Desde esta perspectiva, la prohibición estricta ha fracasado porque no ha conseguido eliminar la demanda. El miedo a la sanción no impide que las personas consuman, sino que desplaza la actividad hacia la clandestinidad. Al prohibir las drogas, el Estado entrega de hecho el mercado a organizaciones que operan al margen del Derecho, resuelven sus conflictos mediante la violencia y obtienen beneficios extraordinarios gracias al riesgo inherente a la ilegalidad. El resultado es un mercado opaco, con sustancias adulteradas, precios artificialmente elevados y una relación constante con el tráfico de armas, la corrupción y otros delitos.

Guido no defiende, sin embargo, una libertad absoluta de producción y distribución. Su idea de despenalización se dirige principalmente al consumidor y a los delitos de mera posesión. Considera que el mercado debería salir parcialmente de la clandestinidad, pero dentro de un sistema regulado, sometido a controles sanitarios y acompañado de una intervención pública capaz de reducir los daños. En este punto, su postura se aproxima más a una legalización controlada que a una despenalización integral.

El objetivo sería sustituir la política de castigo indiscriminado por un modelo híbrido. Los recursos que actualmente se destinan a perseguir consumidores y pequeños poseedores deberían trasladarse hacia clínicas, psicólogos, programas de prevención y tratamientos de rehabilitación. Para Guido, el reconocimiento del problema constituye el primer paso de cualquier recuperación. Si una persona teme ser sancionada, perder su trabajo o sufrir consecuencias legales por admitir su consumo, tenderá a ocultarlo y se romperá el vínculo de confianza necesario para ayudarla.

Esta despenalización del consumidor debe ir acompañada de educación desde edades tempranas. Guido considera que los menores necesitan conocer qué es una droga, cuáles son sus efectos y qué relación causal existe entre su consumo y determinados daños. En esta tarea concede un papel importante a la familia, pero también al Estado. Los padres pueden aconsejar, advertir y acompañar, aunque no todas las familias disponen de los mismos recursos o capacidades. Por ello, entiende que las instituciones públicas deben intervenir especialmente durante la infancia y en las primeras etapas de cualquier proceso de reforma.

En el caso de los adultos, Guido rechaza que el Estado controle penalmente todas las decisiones relativas a su propia salud. Una persona mayor de edad debe asumir una parte significativa de responsabilidad sobre aquello que consume. Sin embargo, Guido no lleva este principio hasta sus últimas consecuencias. Cuando el consumo genera adicción, desestructuración o incapacidad para decidir racionalmente, considera que el Estado puede ayudar a «rescatar» a la persona y minimizar el problema, sobre todo cuando su entorno familiar no está en condiciones de hacerlo.

Su oposición a la guerra contra las drogas no supone una actitud indulgente frente al narcotráfico. Guido describe a las grandes organizaciones criminales como una especie de Estado paralelo o «infraestado» que parasita las instituciones oficiales. No buscan la ausencia de control, sino sustituir el control estatal por el suyo propio para acumular poder y dinero. Por ello, una vez diferenciados los consumidores de las organizaciones violentas, propone combatir estas últimas con la máxima dureza.

Esta persecución podría incorporar recursos policiales, inteligencia, vigilancia de fronteras, reconocimiento aéreo e incluso capacidades militares en aquellos territorios donde las redes criminales hayan adquirido especial fortaleza. Guido presta particular atención a los espacios físicos sensibles —costas, fronteras y rutas internacionales— porque considera que es allí donde comienza buena parte del problema. La cooperación entre cuerpos de seguridad y entre distintos países sería necesaria para impedir que el narcotráfico aproveche los límites jurisdiccionales.

Su crítica a la prohibición consiste precisamente en que dispersa esos recursos. Mientras policías, tribunales y prisiones se ocupan de consumidores o pequeños delitos de posesión, las grandes redes disponen de mayor margen para reorganizarse, corromper instituciones y adaptarse. La despenalización permitiría concentrar la capacidad coercitiva del Estado en las conductas que verdaderamente producen víctimas: asesinatos, amenazas, secuestros, extorsiones, corrupción y control territorial.

Guido también percibe una incoherencia en el tratamiento jurídico de las distintas sustancias. El alcohol y el tabaco están normalizados y gravados mediante impuestos, pese a provocar costes sanitarios y sociales, mientras otras drogas permanecen prohibidas. Esa doble moral muestra que la clasificación vigente no responde a un criterio coherente. No obstante, su respuesta no consiste en retirar completamente al Estado, sino en reconstruir el sistema regulatorio y dotarlo de una lógica distinta.

En sus conclusiones, Guido rechaza tanto la prohibición absoluta como la denominada «barra libre». Su modelo ideal se encuentra en un punto intermedio: menos criminalización, mayor asistencia sanitaria, más educación, prevención temprana, regulación del entorno y una persecución mucho más intensa de las organizaciones violentas. Incluso contempla la posibilidad de una entidad supranacional que recopile información, elabore informes y formule recomendaciones a los Estados.

La intervención posterior de Iván permitió precisar todavía más esta postura. Guido acepta que la responsabilidad individual debe ser el horizonte final y que el Estado debería reducir progresivamente su presencia. Sin embargo, insiste en que las reformas deben trabajar con la realidad existente. Al comienzo de la transición, el Estado tendría un papel importante en la educación, la protección y la reorganización del sistema. Su poder podría reducirse después, conforme las personas y las comunidades recuperasen mayor responsabilidad.

En último término, Guido confía más en un Estado reformado que en las organizaciones criminales. Reconoce sus defectos, su corrupción y sus contradicciones, pero considera que sigue ofreciendo más transparencia y garantías que el narcotráfico. Su posición es, por tanto, una propuesta pragmática de reducción de daños: libertad y tratamiento para el consumidor, mercado legal regulado, educación pública y privada, y máxima contundencia contra las mafias.

Una transición desde el control estatal hacia la responsabilidad comunitaria

Lino Mialma

La posición de Lino Mialma parte de una tensión deliberada. Se define como anarcocapitalista y reconoce que, en una sociedad verdaderamente libre, el Estado no debería intervenir de forma significativa en el consumo de drogas. Sin embargo, considera que no puede ignorarse el orden institucional existente. Actualmente, el Estado regula las sustancias, gestiona buena parte de la sanidad, ha debilitado las redes comunitarias y se ha atribuido funciones educativas y morales. Por ello, su retirada no puede producirse de manera inmediata sin generar costes y desórdenes considerables.

Lino distingue con claridad entre legalidad y moralidad. Que una conducta no sea ilegal no significa que sea buena, deseable o virtuosa. Una sociedad libre no se sostiene únicamente mediante el principio de no agresión, sino también mediante normas sociales, deberes morales y expectativas de responsabilidad. Mentir, traicionar a la pareja o vivir de manera autodestructiva pueden no constituir agresiones jurídicas y, aun así, recibir una valoración social negativa.

Históricamente, esas normas no han procedido exclusivamente del Estado. La familia, las iglesias, los barrios, las sociedades de ayuda mutua y otras asociaciones voluntarias han establecido criterios sobre la buena conducta y han ayudado a prevenir comportamientos perjudiciales. Para Lino, uno de los mayores problemas del Estado moderno es que ha desplazado estas instituciones y ha acostumbrado a la población a identificar aquello que es legal con aquello que es moralmente aceptable.

Por eso, su propuesta no se limita a decidir qué drogas deben estar prohibidas o permitidas. La cuestión principal es cómo devolver a la sociedad civil la responsabilidad de formar individuos capaces de ejercer su libertad. Una comunidad liberal puede tolerar jurídicamente ciertas conductas y, al mismo tiempo, desaconsejarlas mediante la educación, la reputación, la exclusión de determinados espacios o las normas contractuales.

Lino propone diferenciar las drogas según sus efectos. No todas plantean el mismo problema. Algunas, como el alcohol o el tabaco, producen daños que en gran medida pueden ser asumidos por el propio consumidor o gestionados mediante reglas concretas, como la separación entre zonas de fumadores y no fumadores. Otras sustancias provocan una inhibición mucho mayor, eliminan temporalmente la capacidad de decidir o generan una dependencia física y emocional especialmente intensa.

El criterio fundamental sería el grado en que una sustancia destruye la autonomía futura del consumidor. Una decisión inicialmente voluntaria puede producir una adicción que reduzca la capacidad de tomar decisiones posteriores. Esto resulta particularmente importante en el caso de los menores, cuyo desarrollo cognitivo no está completo y que pueden sufrir daños más profundos.

A partir de esa clasificación, Lino propone despenalizar y eliminar los impuestos sobre las drogas de bajo impacto, mientras se mantiene temporalmente una regulación fuerte o una prohibición sobre las de alto impacto, como el fentanilo cuando se destina al consumo recreativo. Esta clasificación no debería depender exclusivamente de una decisión arbitraria del Gobierno. Podría incorporar información proporcionada por médicos, investigadores, expertos y aseguradoras, cuyos cálculos de riesgos y primas ofrecerían señales sobre los efectos reales de cada sustancia.

La intervención estatal tendría, en cualquier caso, una naturaleza transitoria. Lino compara esta situación con la eliminación de un banco central o la privatización de un servicio público. Que el Estado nunca debiera haberse apropiado de una función no implica que pueda abandonarla de un día para otro cuando ha destruido o desplazado las alternativas. Primero deben reconstruirse las instituciones capaces de asumirla.

El destino de esa transición sería un orden en el que las familias, comunidades, empresas, aseguradoras y asociaciones voluntarias establezcan sus propias normas. Un edificio podría impedir el consumo de marihuana en sus espacios; una empresa podría prohibir que sus trabajadores acudiesen bajo los efectos de determinadas sustancias; una comunidad podría rechazar el consumo de heroína entre sus miembros, y un establecimiento podría decidir qué conductas permite dentro de su propiedad.

Lino considera que el Estado actual dificulta incluso esa experimentación. La legislación uniforme y determinadas normas antidiscriminatorias pueden impedir que propietarios, empresas o comunidades establezcan códigos de conducta adaptados a sus necesidades. Una transición liberal exigiría, por tanto, no solo despenalizar ciertas sustancias, sino ampliar la libertad contractual para que las instituciones privadas puedan fijar sus propias reglas.

Respecto de la guerra contra las drogas, Lino coincide en que ha provocado violencia, corrupción y vulneraciones de libertades civiles. Ha facilitado detenciones discrecionales, discriminaciones policiales y un enorme gasto en seguridad y Justicia. Además, los beneficios extraordinarios del mercado ilegal han financiado organizaciones criminales capaces de controlar territorios enteros.

La despenalización de las drogas de menor impacto reduciría una parte de esos ingresos, aunque no eliminaría por sí sola el narcotráfico. Las organizaciones criminales podrían trasladarse a otras actividades, y las drogas más peligrosas continuarían siendo demandadas. Por ello, Lino combina la liberalización parcial con el fortalecimiento del Estado de derecho, la reducción de la corrupción policial y, sobre todo, la disminución cultural de la demanda.

Su propuesta de «reprimir la demanda» no significa necesariamente imponer castigos. Consiste en formar una cultura que desaliente el abuso de sustancias. Las comunidades deben transmitir que la libertad no equivale a satisfacer cualquier deseo inmediato y que existen formas de vida más responsables que otras, aunque no todas esas diferencias deban traducirse en delitos.

Lino también critica la socialización de los costes. Cuando la sanidad es financiada colectivamente, las decisiones del consumidor pueden terminar trasladando sus consecuencias a terceros. Este argumento puede justificar temporalmente ciertas restricciones, aunque su solución definitiva no sería ampliar indefinidamente el paternalismo, sino transformar también el modelo de asistencia y trasladar la responsabilidad hacia organizaciones voluntarias, mutualidades y comunidades.

Rechaza además que el Estado utilice las drogas como fuente de financiación. Gravar el alcohol, el tabaco, el juego o cualquier otra adicción crea incentivos perversos: la Administración declara combatir una conducta y, al mismo tiempo, obtiene ingresos gracias a que continúe. Los programas de rehabilitación deberían sostenerse mediante mecanismos generales o, preferentemente, mediante asociaciones de la sociedad civil, pero no mediante un modelo en el que el Estado se beneficie directamente de la dependencia.

La intervención final de Iván acercó todavía más sus posiciones. Lino aceptó que castigar a una persona antes de que haya dañado a alguien rompe la simetría liberal de derechos. Su diferencia se concentra en el ritmo del cambio. La libertad completa puede ser el horizonte, pero requiere familias preparadas, comunidades fuertes, normas privadas y mecanismos de apoyo capaces de sustituir al Estado.

Su conclusión es que una sociedad sin paternalismo estatal sería más libre, pero también más exigente. Obliga a las personas a participar en sus comunidades, ayudar a quienes quieren rehabilitarse, distinguir entre necesidad y abuso y responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. La libertad no consiste en desentenderse de los demás, sino en reemplazar la tutela coactiva por una responsabilidad civil mucho más profunda.

Soberanía individual, neutralidad moral del Estado y libertad como punto de partida

Iván Raja

La posición de Iván Raja es la más claramente contraria a la prohibición y a la regulación paternalista. Se define como anarcocapitalista en el plano filosófico y hayekiano en el práctico. Esa combinación lo lleva a defender un horizonte de máxima libertad individual, aunque reconoce que cualquier transformación institucional debe producirse gradualmente y tener en cuenta las condiciones reales de la sociedad.

Su punto de partida no es determinar qué consecuencias económicas o sanitarias tendría la liberalización, sino preguntar qué autoridad posee el Estado para prohibir a un adulto una conducta que afecta principalmente a su propio cuerpo. Para Iván, la carga de la prueba corresponde siempre a quien pretende restringir la libertad. No basta con demostrar que una sustancia es peligrosa, adictiva o moralmente cuestionable; debe acreditarse que su consumo constituye una agresión contra terceros.

La mera posibilidad de que una persona drogada pueda cometer posteriormente un delito no justifica prohibir el consumo. Sancionar una conducta por los daños que potencialmente podría causar equivale a castigar antes de que exista una víctima. Los delitos y las indemnizaciones deben responder a agresiones efectivamente realizadas, no a escenarios hipotéticos sobre cómo podría comportarse alguien.

Iván rechaza igualmente el argumento de la sanidad pública. Si el Estado obliga a una persona a financiar un sistema colectivo y utiliza después ese pago como justificación para controlar su alimentación, sus hábitos o su consumo de drogas, crea una trampa circular. Primero le impone una obligación económica y después convierte esa misma obligación en fundamento para limitar su libertad.

Llevado hasta sus últimas consecuencias, ese razonamiento permitiría que el Estado regulara cualquier conducta que pudiera generar un gasto sanitario: practicar deportes, conducir, comer determinados alimentos o mantener hábitos sedentarios. El problema no es la libertad del individuo, sino la socialización previa de los costes y la pretensión estatal de utilizarla para dirigir la vida de todos.

Iván diferencia su defensa jurídica de las drogas de su valoración personal. Afirma no haber consumido drogas, beber alcohol únicamente de manera ocasional y sentir rechazo hacia muchas de esas conductas. Sin embargo, considera que su modelo de vida no le concede autoridad para imponerlo.

Esta separación entre moral y Derecho constituye el núcleo de su pensamiento. Cada persona tiene proyectos, preferencias y concepciones diferentes sobre aquello que hace valiosa una vida. Para unos puede ser desarrollar una carrera profesional, formar una familia o alcanzar el éxito económico; para otros puede consistir en vivir de una forma que los demás consideran improductiva o autodestructiva. Mientras no exista una agresión, ninguna autoridad debe establecer jurídicamente cuál de esos proyectos es superior.

La moral, como el conocimiento económico, se encuentra dispersa y evoluciona con el tiempo. Sociedades enteras han considerado legítimas conductas que hoy resultan inadmisibles. Por ello, que una mayoría esté convencida de que un comportamiento es inmoral no demuestra que deba prohibirse. El Estado no puede presentarse como «padre de la moral» ni decidir qué clase de persona deben aspirar a ser los ciudadanos.

Iván prefiere incluso evitar el término «legalización». Hablar de legalizar presupone que el Estado posee originariamente la autoridad para autorizar o denegar una conducta. Desde su posición, las drogas nunca debieron estar prohibidas y el individuo no necesita un permiso político para decidir qué introduce en su cuerpo.

Las consecuencias negativas de la prohibición refuerzan esta conclusión, pero no constituyen su fundamento principal. La guerra contra las drogas crea mercados clandestinos, eleva los precios, fomenta la corrupción y entrega la distribución a organizaciones criminales. También puede aumentar el atractivo de lo prohibido y no evita que quien quiera consumir termine encontrando una vía para hacerlo.

En un mercado abierto, las sustancias podrían venderse mediante canales ordinarios, incluso en farmacias, con la información y las condiciones demandadas por los consumidores. La distinción entre droga y fármaco es, en buena medida, una clasificación política basada en la finalidad socialmente admitida del consumo: unas sustancias se utilizan para curar o aliviar un dolor y otras con una finalidad recreativa, aunque ambas actúan sobre el organismo.

Iván insiste en que la reducción de la violencia, los precios o el crimen organizado es una consecuencia deseable, pero no la justificación moral de la libertad. Incluso aunque la liberalización produjera resultados estadísticos menos favorables, seguiría siendo necesario demostrar por qué esos resultados permiten someter a personas pacíficas.

Su postura no implica la desaparición de cualquier norma. Los propietarios y las comunidades pueden establecer códigos de conducta. Una empresa puede impedir que sus empleados trabajen bajo los efectos de una droga; un banco puede exigir determinada apariencia y comportamiento; una vivienda puede prohibir el consumo en zonas comunes, y un bar puede decidir qué permite dentro de su propiedad.

Que una sustancia sea libre no significa que deba aceptarse en todos los espacios ni en cualquier circunstancia. La libertad individual convive con la propiedad, el contrato y la responsabilidad. El consumidor puede decidir sobre su cuerpo, pero no imponer las consecuencias de su decisión a quienes no las han aceptado.

Iván coincide con Lino en que la transición no puede consistir en hacer desaparecer todas las instituciones de un día para otro. Considera utópico pensar que basta con pulsar un botón para eliminar el Estado y obtener inmediatamente un orden estable. Sin embargo, esa transición debe avanzar en una dirección muy concreta: retirar al Estado su función moral y permitir que las normas particulares surjan de la propiedad, los contratos y las comunidades.

También denuncia la arbitrariedad con la que el Estado trata las distintas adicciones. Permite y grava el alcohol y el tabaco, promueve sus propias loterías y, simultáneamente, condena otras formas de juego o consumo. El criterio no parece ser la protección del ciudadano, sino la posibilidad de recaudar y controlar.

La lotería pública constituye para Iván un ejemplo especialmente claro. El Estado presenta sus propios juegos de azar como una tradición social mientras califica otras apuestas como conductas peligrosas. Algo semejante ocurre cuando obtiene ingresos del tabaco o del alcohol y después utiliza sus consecuencias para justificar nuevas restricciones.

Esta regulación también padece un problema de conocimiento. Las normas uniformes tratan del mismo modo a personas, vehículos, sustancias y circunstancias muy diferentes. Iván utiliza el ejemplo de los límites de velocidad: un coche moderno, un automóvil antiguo, un conductor joven y otro con peores reflejos quedan sometidos a una misma regla general. La Administración carece de la información necesaria para adaptar continuamente sus decisiones y, aun cuando la tuviera, seguiría sin poseer la autoridad moral para imponer una concepción completa de la vida buena.

El mercado representa para él el mecanismo más adecuado para descubrir qué desean realmente las personas y bajo qué condiciones están dispuestas a intercambiar. La competencia permitiría experimentar con distintos productos, certificaciones, espacios y códigos de conducta sin imponer una única solución sobre todos.

En definitiva, Iván defiende que cada adulto es soberano sobre su cuerpo. El Derecho debe castigar el fraude, la violencia, la conducción peligrosa, el incumplimiento contractual y cualquier daño efectivo a terceros, pero no el consumo en sí mismo. Puede rechazarse moralmente una droga, desaconsejarla y excluirla de una propiedad, pero no utilizar la fuerza política para impedir que otra persona adopte un proyecto vital distinto.

Su posición une una defensa radical del principio con un reconocimiento pragmático de la transición. El horizonte es la libertad completa; el camino pasa por desmontar progresivamente el paternalismo estatal, devolver responsabilidad a individuos y comunidades y sustituir las prohibiciones generales por normas basadas en la propiedad, el consentimiento y la reparación de los daños reales.

Los contenidos publicados no representan comunicaciones oficiales de la universidad ni han sido sometidos a revisión académica formal. Cada artículo refleja únicamente la opinión o el trabajo de sus autores, en el marco de un proyecto abierto, dinámico y plural impulsado por y para los alumnos.