¿Debe el Estado actuar como una empresa? Una pregunta que puede surgir en el ámbito cotidiano, pero una respuesta acertada muchas veces no está al alcance de cualquier persona, debido a que se adentra necesariamente en un profundo análisis de la teoría económica para revelar y sustentar contradicciones que subyacen en esta pregunta en caso de ser un enunciado que afirme. Naturalmente, es difícil observar las fallas intuitivamente en la equiparación entre empresa y Estado, ya que en mayor o menor grado todos acostumbramos a pensar que el Estado es un agente que puede y debe proveer bienes y servicios como retorno al contribuyente (lo que actualmente se tiene), manteniendo esa lógica, tampoco nos parecería raro que si en tal caso fuese cierta la premisa inicial (el Estado debe proveer bienes y servicios), tendría sentido que existieran las empresas estatales.
No obstante, aquí es donde la teoría debe adaptarse a la realidad y no al revés. Las teorías políticas y económicas que ponen al Estado en su centro de análisis y cuestionan su rol en la intervención de las economías, en los últimos años, han comenzado a emerger notoriamente. Según el planteamiento de la escuela austríaca de economía y, en complementación de la corriente neoinstitucional, el Estado enfrenta el problema del conocimiento y de los incentivos para resolver los problemas o desajustes que se producen en las relaciones económicas. Todo esto, en un contexto donde la economía se desarrolla en entornos dinámicos, de allí su complejidad; compuesta por todas las acciones de los agentes que expresan su decisión a través de un sistema de precios que facilitaría la coordinación económica, que, a su vez, cada una de esas decisiones que sustentan este sistema serían de evento único, es decir, irrepetibles.
Esto permite vislumbrar aún más la naturaleza compleja que debe enfrentar un planificador central si quiere ejercer la función de coordinador de la economía, dicho de otro modo, significa tener el conocimiento sobre: Qué producir, cómo producir y cuánto producir. Evidentemente, aunque supongamos que esto pueda ser conocido (argumento tecnológico), aun así, no podría superarse el problema de incentivos, estaríamos hablando de dar con un ente incorruptible entregado al cien por cien para alinear sus planes con los intereses de toda una población, en suma, esto significa encontrar a un ente sin incentivos para perseguir sus propios fines, algo que desde Adam Smith, hace muchísimos años ha quedado ampliamente entendido en su obra «Riqueza de las Naciones» donde explicaba que; “No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde esperamos nuestra cena, sino de su propio interés.”
De esta breve reflexión podemos avanzar marcando una línea de conclusión —aunque no será el eje central en este artículo—, la teoría económica moderna indica que, un correcto funcionamiento de los mercados implica que el Estado no deba intervenir. Es una premisa sencilla que allí donde se ha aplicado en mayor grado ha resultado ser exitoso, porque la intervención estatal inherentemente conlleva a la restricción de libertad económica, véase los índices de países más libres en Heritage Foundation o Fraser Institute, luego como ejercicio de comparación en los informes anuales de estas instituciones, nótese en los datos sobre el grado de intervención del Estado en asuntos económicos (burocracia, presión fiscal, barreras impositivas, etc.), lo usual es observar que aquellos países con mayores índices de libertad, mantienen bajos índices de intervención estatal en la economía. Sin embargo, al margen de que la intervención provoca males que pueden evitarse. Cabría preguntarse, ¿El Estado, al menos, podría actuar como una empresa? Y, por lo tanto, ¿sería capaz de satisfacer produciendo mejor para los consumidores? En este sentido, el aparato estatal enfrenta también el problema de desentendimiento de los tres mundos:
Configuración de sociedad civil, mercado y Estado; una tesis amplia y sistemática que Murray Rothbard desarrolló en su tratado de principios de economía «El hombre, la economía y el Estado, 1962» . La estructura estatal en los tiempos actuales podría desempeñar, en última instancia, como institución
base exclusivamente para sostener un marco normativo que garantice y proteja el resto de instituciones que posibilitan el libre intercambio y las intersecciones con la sociedad civil, antes que imitar la actividad empresarial, forzando la intersección entre mercado y sociedad civil bajo un plan centralizado, de allí que el aparato estatal se “desentienda” del problema de los tres mundos y se extralimite, equivocadamente, en tener un rol activo en el plano económico.
En el corazón de la perspectiva austríaca se sostiene que el conocimiento relevante para la asignación de los recursos está disperso entre millones de agentes, esto es muy importante, porque el Estado como empresa no sería capaz de tener ventaja comparativa en absolutamente todo, por eso existen empresas especializadas en cada sector, porque hay división del trabajo y división del conocimiento. La empresa estatal al tener acceso a recursos públicos no sería consciente dónde deben ser invertidos dichos recursos atendiendo al grado de urgencia y escasez relativa de los recursos totales disponibles, esto sucede porque la función empresarial es más que solo administrar o gestionar los medios, es más parecido a una habilidad que todos poseemos en mayor o menor medida, pero que está sometida a una prueba de pérdidas y ganancias cruciales para el éxito, pero que la empresa estatal difícilmente podría obtenerlo, porque como bien se ha dicho antes, no involucra capital o recursos propios, no tiene incentivos claros para que sus decisiones lleguen al mejor puerto posible en términos de eficiencia y minimización de costes. Para clarificar mejor esta explicación supongamos estos escenarios simples:
Si una empresa emplea mal los recursos disponibles en una línea de producción donde no hay necesidad de que sean invertidos, la empresa debe enfrentar la quiebra o reasignar su línea de producción y satisfacer en todo momento lo que la demanda le está exigiendo, este mecanismo penaliza al empresario y corrige sus decisiones a través de señales, que a fin de cuentas, sirven para optimizar los recursos, consiguiendo que no se desperdicien.
En cambio, si una empresa estatal emplea mal los recursos disponibles, en principio, no tiene incentivos a dejar de producir ni de reasignar su línea de producción, al contrario, los incentivos le indican que debe producir un mínimo necesario para mantener el servicio por razones políticas que, de alguna manera, siempre habrá quienes se benefician de aquellos bienes que estarían con precios artificiales, aunque esto suponga que la empresa estatal esté operando bajo pérdidas, es decir, desperdiciando recursos y, socializando las pérdidas con todos los contribuyentes.
¿Entonces, cómo es que realmente las empresas pueden ser los mejores vehículos para asignar los recursos escasos de la economía?
Es a través del individualismo metodológico, un método basado en las acciones, decisiones y preferencias que, en condiciones de libertad sirven como información base para el capitalismo de libre empresa y, particularmente gracias a las preferencias subjetivas de los individuos que son sometidas a un proceso mental y ordinal, formando una escala de preferencias personales, posibilitan la asignación de grados subjetivos de necesidad valorando qué fines desean satisfacer con más urgencia y de qué medios disponen para ello. Esto culmina en la acción del individuo para elegir entre los diversos bienes y servicios ofertados por los empresarios, inicialmente con una suerte de “prueba y error” en la cantidad de producción, pero que eventualmente por el principio de «preferencia revelada», es el consumidor quien actúa en el libre intercambio revelando sus preferencias cuando vota en el mercado sobre qué consumir y en qué cantidad hacerlo. Esto termina generando el llamado sistema de precios relativo, el cual posibilita el cálculo económico cuando son captados como una especie de señal por los empresarios para ajustar de la mejor forma su producción de acuerdo a sus propios intereses (maximizar beneficios, minimizar costes); un precio alto o un precio bajo, es una idea clara que todos tenemos dentro de nuestra escala de preferencias, pero que para los empresarios es información valiosa, que, analizan cuidadosamente para basar sus decisiones de producción e inversión, de esta manera, la institución de libre mercado en el capitalismo funciona como mecanismo coordinador de esa información tácita que están en los precios, porque han sido revelados por los consumidores a través de la acción de comprar determinados bienes de consumo; cuando las empresas canalizan esta señal se convierten en agentes de coordinación económica. Por otro lado, cuando una empresa decide invertir en una nueva línea de producción, enfrenta directamente el riesgo financiero de su decisión: si la demanda real difiere de sus previsiones, absorberá la pérdida y ajustará su estructura de costes; si acierta, obtendrá una ganancia que incentiva más innovación. En cambio, una entidad estatal que imita procesos empresariales carece de esta clara señal de precios ajustada al riesgo, pues su presupuesto y resultados están sujetos a decisiones políticas y a los recursos públicos que tienden a desperdiciarse sin optimizar por falta de incentivos como se ha explicado antes. Este desfase de alinear los incentivos con buenas decisiones económicas, explican los intentos fallidos de planificación centralizada a través de empresas estatales, por ejemplo, como sucede habitualmente en ferrocarriles o telecomunicaciones, Así ocurrió en la nacionalización del sistema ferroviario británico tras la segunda guerra mundial donde finalmente terminaron con sobrecostes en la implementación.
El Estado está constituido por actores políticos, legisladores, burócratas, lobbies, funcionarios, etc. que buscan maximizar su propio bienestar, no el interés público per se, como sugiere la moderna teoría de Public Choice aplicando el análisis económico a la función política. Cuando el sector público asume funciones empresariales sin competencia efectiva, se crean «rent– seeking games», los grupos de interés presionan para obtener subsidios, aranceles protectores o contratos gubernamentales elevando el coste social de la provisión de bienes. A diferencia de las empresas privadas sometidas a disciplina competitiva —donde la quiebra o la pérdida de cuota de mercado son sanciones inmediatas—, el aparato estatal suele financiar sus desvíos o malas inversiones con impuestos o deuda pública, diluyendo así las señales de eficiencia y promoviendo la expansión burocrática. El Estado al frente de la iniciativa empresarial, también puede crear monopolios artificiales que dificulten el nacimiento de empresas de escala y altamente productivas, capaces de reducir costes y abaratar los precios de los bienes, incluso, aumentando la calidad de bienes finales para el consumidor.
El monopolio artificial actuaría como una barrera de entrada dañina que estaría extrayendo recursos adicionales innecesariamente de los ciudadanos. La historia económica ha demostrado que las instituciones formales (leyes, contratos) e informales (normas sociales, redes de confianza) determinan los costes de transacción: la búsqueda de información, la negociación de contratos y la ejecución de acuerdos, son buenos incentivos que guían a la empresa. En una empresa privada, la estructura de gobernanza, tiene mecanismos claros de rendición de cuentas; los accionistas pueden vender sus títulos ante una mala gestión y las propias exigencias institucionales de los mercados financieros imponen transparencia, mientras que, en el Estado las responsabilidades son difusas y, a menudo quedan impunes casos de despilfarro o lucro personal de inversiones públicas, a través de la llamada «especulación política.» De esta manera, la estructura estatal desempeñando el rol de una empresa, no atendería a estructuras de costes, mezcla objetivos de bienestar social, redistribución y estabilidad política, finalmente se traducen en subsidios cruzados e incluso iniciativas excluyentes entre sí que impiden que el precio refleje la escasez relativa y el coste de oportunidad. Por ejemplo, un gobierno gracias a la estructura estatal puede decidir destinar recursos con cierta afinidad partidista hacia sectores de producción contaminantes a cambio de apoyo de un determinado sector y, a la misma vez, defender políticas anticontaminación.
En definitiva, no existe incentivo alguno, sino varios problemas para que el Estado en la lógica empresarial, deba proveer de bienes y servicios como lo hacen las empresas, cuando lo intentan, generan déficits con las empresas estatales y, en primera instancia no se corrigen por ajuste de precios, sino por transferencias fiscales o incrementos presupuestarios, desincentivando la contención del gasto y perpetuando ineficiencias
acumulando el sangrado al bolsillo del contribuyente. En última instancia, el Estado, no puede ser capaz de satisfacer las necesidades y preferencias de los ciudadanos como consumidores, ese papel lo ha desempeñado correctamente la empresa desde tiempos lejanos. Asimismo, cuando se le dota de un marco institucional de libre empresa, libre mercado, sobre todo, propiedad privada como principio habilitante del sistema de precios relativo, la empresa se convierte en agente de coordinación eficiente y, termina resolviendo allí donde el Estado se extralimita para terminar fracasando, desperdiciando recursos que promete incrementar.
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