El debate sobre la inmigración irregular sufre una ceguera analítica derivada del accionar político superficial. Esto es algo que Murray Rothbard, en su obra Poder y Mercado, advierte de forma sistemática al afirmar que, allí donde el Estado interviene y desdibuja la propiedad privada, surgen ineficiencias y conflictos sociales complejos. Al centrarse, casi exclusivamente, en enfoques puramente policiales o puramente humanitarios, la política pública ignora la ley de hierro de la ciencia económica, es decir, la escasez. La crisis migratoria exige un análisis económico e institucional que trascienda la simplificación binaria de mano dura o empatía, y se aleje de la retórica vacía y los espectáculos mediáticos.
El diagnóstico de la situación comienza por entender la verdadera naturaleza del Estado de Bienestar. Las infraestructuras, la sanidad, o la educación, entre otros, no son bienes públicos puros. Originalmente, éstos son bienes privados (rivales y excluibles) que, al ser provistos estatalmente y estar sujetos a un compendio legal humanista, se vuelven no excluibles. En tal sentido, el Estado de Bienestar, por su cualidad rival pero no excluible, debe ser entendido como un recurso de uso común, expuesto a la conocida tragedia de los comunes.
Matemáticamente, podemos abordar esta sobreexplotación mediante un análisis basado en el cálculo marginal. La utilidad total que la sociedad obtiene de un servicio provisto estatalmente crece con el número de usuarios, pero sufre de rendimientos decrecientes debido a la congestión progresiva (rivalidad). Esta situación se presenta cuando la utilidad percibida individualmente compensa el coste de oportunidad, obviando que cada nueva incorporación deteriora la calidad percibida por los beneficiarios existentes.
Tal inercia genera externalidades negativas. El coste marginal social del agente entrante es igual a la suma de su coste marginal privado más el daño marginal que recae sobre el contribuyente en forma de p.ej. listas de esperas más largas o mayor presión fiscal. Sin precios de acceso, el inmigrante sólo pondera su gasto directo (de su travesía), provocando un desajuste donde el flujo migratorio efectivo excede la capacidad de absorción eficiente.
Ante esta situación, el Estado recurre habitualmente a políticas de mando y control, imponiendo cuotas burocráticas o barreras físicas; o de descontrol, dejando entrar a cualquiera sin distinción. En este punto, el planificador colisiona con el problema del conocimiento disperso descrito por F. Hayek: el burócrata carece de la información de tiempo y lugar necesaria para saber cuántos inmigrantes requiere la sociedad. A esta brecha epistemológica se suma el grave problema de la asimetría de información y la selección adversa. A los ojos del Estado, cada aspirante es una cifra indiferenciada y homogénea. Sin un mecanismo de precios que discrimine valor y obligue al interesado a revelar sus verdaderas intenciones, el marco regulatorio incentiva a los agentes a optimizar su perfil, atrayendo a individuos que priorizan la adecuación al procedimiento burocrático sobre la generación de valor. Este entramado institucional, a su vez, compele a otros agentes más productivos pero con menores recursos jurídicos a recurrir a canales de migración irregulares.
La solución a este problema, fundamentada tanto en la perspectiva neoinstitucional como en el respeto a la propiedad propugnado por Rothbard, es la creación de un sistema de derechos comerciales, cuya viabilidad se verifica en el marco de las realidades de la estructura política vigente. Se trata de un mecanismo análogo a las cuotas pesqueras individuales transferibles y a los mercados de emisiones de dióxido de carbono. En este modelo, el Estado debe limitarse exclusivamente a estimar la capacidad física e institucional de absorción del país con el fin de emitir una cantidad “objetiva” de visados. Posteriormente, estos visados no se asignan ni por azar ni arbitrariamente, sino que se subastan abiertamente, habilitando su negociación secundaria o el auspicio por empleadores nacionales. De esta forma, el precio de mercado resultante coordina las necesidades de la sociedad con el talento extranjero disponible.
La virtud del modelo reside en su robustez técnica y analítica. Primero, la subasta facilita optimizar costes heterogéneos mediante el Teorema de Coase. Segundo, el precio de equilibrio funciona como un potente mecanismo de señalización que mitiga la asimetría informativa. Si un inmigrante o su empresa patrocinadora adelanta el pago del visado, emite una señal creíble de que el valor de su productividad marginal esperada es superior al coste total de su entrada. Así, aquellos orientados a capturar rentas fiscales mediante subsidios no podrán validar el precio de la cuota, logrando un equilibrio separador que depura el capital humano sin mediación de inspectores. Tercero, el precio de mercado actúa indirectamente como un mecanismo que internaliza el daño marginal impuesto al contribuyente local. El coste marginal privado se eleva hasta igualar al coste marginal social, inyectando capital directo para el mantenimiento y/o expansión de infraestructuras públicas y disolviendo la tragedia de los comunes.
Adicionalmente, para garantizar la robustez intertemporal, el modelo necesariamente incorpora una restricción de solvencia estatal con el propósito de prevenir escenarios deficitarios cuyo coste deba ser socializado. El valor neto actual fiscal del inmigrante durante su ciclo laboral, o sea, el sumatorio descontado de impuestos netos menos gasto público consumido, deberá ser positivo. Así, la diferencia entre un trabajador productivo y otro no tan productivo será evidente, como se puede observar en el gráfico ilustrativo n° 2.
La cuota opera como un seguro financiero que le garantiza al contribuyente que el inmigrante no será una carga para él, sino que, por el contrario, será un socio que elevará la productividad marginal por habitante.
El mecanismo de precios, si bien es funcional para la inmigración económica, es inadecuado para refugiados y solicitantes de asilo político que escapan de guerras o tiranías. En casos de persecución, la demanda de visados es inelástica; el precio empieza a compararse con el terror, no con el valor económico potencial. Aplicar lógica de mercado aquí contraviene el principio de no devolución y constituye un error analítico. No obstante, tal restricción es la mayor validación sistémica de la propuesta. Al derivar la abrumadora mayoría de la migración económica del sistema de asilo y refugio hacia el mercado de derechos comerciables, se suprimen de raíz las solicitudes de asilo infundadas, desatascando el sistema judicial en favor de quienes verdaderamente huyen de la persecución.
La implementación de un sistema de visados comerciables reduciría drásticamente el poder de las mafias y los traficantes de personas. Actualmente, muchos migrantes se ven obligados a malvender sus bienes (casas, coches, posesiones valiosas) para pagar a estas redes criminales con el fin de cruzar fronteras por mar o tierra. Si existiera un marco institucional como el propuesto, cualquier individuo racional preferiría viajar utilizando medios de transporte convencionales, eliminando así la necesidad de recurrir a estos traficantes.
Las perspectivas neoinstitucional y rothbardiana demuestran que sustituir el actual monopolio estatal sobre el sistema migratorio por uno más liberal tanto en sus formas como en la práctica conduciría a la desactivación de la tragedia de los comunes y las externalidades negativas. Al restaurar los derechos de propiedad y facilitar el intercambio voluntario, el sistema armoniza los incentivos individuales con la prosperidad general, minimizando la fricción social y posicionando al inmigrante como un colaborador valioso, productivo y deseable.
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