Por qué la capitalización es más justa (y por qué nadie se atreve a decirlo)
Una injusticia enorme está ocurriendo ante nosotros y lo más inquietante es lo normalizada que está. Nos dicen que el sistema de pensiones es “solidario”. Nos lo presentan como un pacto social bonito: tú trabajas, aportas, y cuando te jubilas el sistema te cuida. Y quien se atreva a cuestionarlo es un insensible, un antisocial, un radical. Pero esa historia, tal y como se cuenta hoy, es un truco político. No hace falta llamarlo “Ponzi” para entender la mecánica: si tú montas en el sector privado un sistema donde los pagos a los de arriba dependen de que entren nuevos pagadores abajo, eso acaba en los tribunales. Y tú, muy probablemente, entre rejas.
En cambio, en lo público se le llama “pacto social”, se hace obligatorio y se sostiene mientras la demografía acompaña… o mientras se pueda apretar vía cotizaciones, impuestos o deuda. Y cuando esa base se debilita, la promesa no desaparece: se convierte en factura. Porque la pensión, en un sistema de reparto, no es una hucha. No es “mi dinero guardado”. Es una promesa de pago futuro sostenida por los que estén trabajando en ese momento. Y cuando la demografía se gira, cuando hay menos nacimientos, más esperanza de vida y salarios que no suben al ritmo de los costes, la promesa no se rompe de golpe: se convierte en una transferencia silenciosa, masiva, cada vez más pesada… de los jóvenes hacia los mayores. Y lo peor: se hace sin decirlo claro.
El problema no es la jubilación: es el engaño.
Que una sociedad proteja a sus mayores es razonable, que evite la pobreza en la vejez es incluso innegociable, pero el problema no es ese. El problema es vender seguridad sin explicar la letra pequeña, y usar esa promesa como arma electoral. El problema es que se ha convertido en el mayor tabú económico del país: todos lo intuyen, pocos lo dicen, y casi nadie lo asume.Porque asumirlo implica admitir algo muy incómodo: No estamos debatiendo “pensiones”. Estamos debatiendo quién paga, cuánto paga y durante cuánto tiempo… y quién se beneficia electoralmente de no contarlo.
Política en estado puro: el voto manda, no la sostenibilidad
Aquí hay un incentivo que lo explica casi todo: los jubilados votan más y de forma más disciplinada. Los jóvenes votan menos, se abstienen más, están más desorganizados y tienen menos capacidad de castigo.
¿Resultado? Un sistema perfecto para la política de corto plazo: prometes estabilidad a quién vota, escondes la factura en cotizaciones, deuda o impuestos difusos, y pospones el ajuste para “la próxima legislatura”. No es una teoría conspirativa. Es un mecanismo. Y no es un problema “del futuro”: ya hoy no llega con las cotizaciones.
En 2023, las cotizaciones de los ocupados solo financiaron el 69,4% de las obligaciones no financieras de la Seguridad Social: el 30,6% restante tuvo que cubrirse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La “hucha” se agotó a efectos prácticos y, desde que el Fondo de Reserva dejó de servir de colchón, el sistema ha tenido que tirar de créditos del Estado, elevando la deuda de la Seguridad Social hasta 106.178 millones (2022).
Así que cuando se dice “sostenible”, muchas veces solo significa esto: sigue pagando… porque se cubre la diferencia con impuestos y deuda. Y lo peor es que lo más duro todavía no ha llegado: con la jubilación masiva de los próximos años el gasto en pensiones podría encarecerse un 91% (en términos reales) de aquí a 2044.
El relato tóxico: “Netflix, cafés y quejarse”
Hay un discurso especialmente cínico que aparece cada vez que un joven se atreve a hablar de presión fiscal, vivienda o futuro: “Es que os lo gastáis todo en Netflix, en el móvil y en tonterías”. Ese mensaje no es solo falso. Es una forma barata de culpar al individuo para no hablar de estructuras.
Porque, aunque mañana todos canceláramos Netflix, seguiría habiendo un problema de fondo: salarios que compiten en un mercado más precario, vivienda mucho más cara con relación a ingresos, y una carga fiscal y de cotizaciones que no se traduce en un futuro equivalente.
Y aquí viene un dato que debería reventar el relato para siempre: en España, según cálculos citados por Fedea y el Consejo General de Economistas, la pensión media de jubilación del Régimen General representa alrededor del 107,3% del salario más frecuente; y las nuevas altas llegan al 123,4% del salario más frecuente y al 102,4% del salario mediano.
Esto no va de demonizar al pensionista. Va de mirar la asimetría de frente: en promedio, el sistema está configurado para que las prestaciones medias y, especialmente, las nuevas pensiones, sean muy altas en relación con salarios típicos. Y eso tensiona a quien sostiene el sistema ahora.
“Recibes más de lo que aportaste” (y ese “más” lo paga otro)
Si esto fuera una cuenta personal, el debate sería trivial. Pero no lo es. El Banco de España calculó la “rentabilidad” implícita para las altas de jubilación de 2017 y concluyó algo brutal: en media, recibieron 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización. Es decir, un 74% más de lo aportado. Otra vez: no es “culpa” del pensionista. Es el diseño. Es una promesa generosa financiada por generaciones posteriores… y sostenida con silencio político.
Lo que duele no es pagar, es pagar sin confianza. Pagar sin creer que el contrato seguirá existiendo cuando te toque a ti. Pagar con la sospecha de que, cuando llegue tu turno, alguien te dirá: “Lo siento, ahora no se puede”. Y aquí está la parte más sangrante: muchos jóvenes ya no piden vivir mejor que sus padres. Solo piden que sus hijos no vivan peor que ellos.
No es una guerra generacional… pero sí una injusticia intergeneracional
Esto hay que decirlo bien: no se trata de odiar a nuestros mayores. Mucha gente mayor es consciente, es justa y se preocupa por sus nietos. Y muchos pensionistas no “son culpables” de un diseño que les vendieron como seguro. El punto no es señalar a una persona. El punto es señalar un hecho: Hay una transferencia intergeneracional enorme en marcha, y se está justificando con un lenguaje moral (“solidaridad”) mientras se evita el debate técnico (“sostenibilidad y equidad”).
Y además hay otra capa: el sistema ha creado un incentivo perverso. Si tú eres mayor y te han prometido una pensión, es racional defenderla. No es maldad. Es supervivencia. Pero también es racional que quien viene detrás diga: “Esto así no puede ser”. Porque si seguimos tapándolo, la bomba no explota en los responsables políticos. Explota en la generación que sostiene la base… y, peor aún, en la generación de nuestros hijos.
Lo que habría que decir en voz alta (y no se dice)
Hay tres verdades que deberían estar encima de la mesa:
- El reparto depende de la demografía. Si cambia la relación entre cotizantes y pensionistas, cambia la aritmética. No es ideología: son matemáticas.
- Prometer sin ajustar es comprar votos. Se puede maquillar con palabras, pero es eso.
- El ajuste llegará igual. Si no llega por reformas ordenadas, llegará por la puerta fea: más impuestos, más deuda, pérdida de poder adquisitivo real o recortes futuros disfrazados.
La pregunta no es si habrá ajuste. La pregunta es si será honesto o traumático.
Qué sería justo (y realista): transición a capitalización, con decencia
Criticar sin proponer es fácil. Así que voy al grano, con una tesis clara: Lo justo es transitar hacia un sistema de capitalización. Que lo cotizado se asocie al individuo. Que sea propiedad financiera real. Que, si alguien muere, quede para su familia. Que el esfuerzo de hoy no dependa de promesas electorales de mañana.
Pero también hay que decir la parte dura: no puedes pasar de reparto a capitalización pulsando un botón. Hay una transición, y esa transición tiene una palabra incómoda: doble carga. Durante un tiempo, alguien deberá pagar las pensiones actuales y a la vez empezar a construir su propio ahorro.
Por eso la transición tendría que ser explícita y gradual, con reglas claras (y sin vender magia). Por ejemplo:
- Transparencia radical: que cada trabajador reciba un “extracto” anual claro: lo que aporta, lo que “espera” recibir y bajo qué supuestos. Sin humo.
- Reglas automáticas, no promesas políticas: mecanismos que ajusten gradualmente la esperanza de vida y economía para evitar decisiones traumáticas de última hora.
- Capitalización progresiva: una parte creciente de la cotización va a una cuenta individual (simple, barata, regulada), mientras se mantiene un pilar de reparto para pensiones actuales y una red mínima para vulnerables.
- Protección de mínimos de verdad: blindar que nadie caiga en pobreza, pero dejar de fingir que todo nivel de pensión es sagrado e intocable pase lo que pase.
- Propiedad y herencia: si el ahorro es individual, no se puede evaporar al morir. Se transmite. Eso alinea incentivos y reconstruye confianza.
El precio de callarlo
A mí lo que más me duele no es que el sistema sea imperfecto. Eso es normal. Lo que me revienta es que se juegue con el futuro de los jóvenes como si fuera una variable secundaria.
Que se hable de justicia social con una sonrisa mientras se cocina una injusticia intergeneracional enorme. Que se culpe al chaval por “Netflix” mientras se evita mirar la factura real. Que se use a la gente mayor como escudo electoral y a la gente joven como cajero automático.
La pregunta final es simple: ¿Cuándo decidimos que el futuro de nuestros hijos era negociable?
