Imaginemos que un supermercado funcionase como el Estado. Usted entra, llena el carro, y al llegar a la caja le dicen que el precio total se le comunicará en algún momento del año siguiente, desglosado en un documento de trescientas páginas alojado en una web que no indexa bien en Google. Mientras tanto, le han cobrado por adelantado mediante una retención en su nómina. Nadie aceptaría este trato en un intercambio voluntario. Y sin embargo, lo aceptamos cada día. 

La tesis que quiero defender aquí es sencilla, quizá incómoda: la opacidad fiscal en España no es un fallo del sistema; es una característica del sistema. Y frente a ella, la única respuesta eficaz no va a venir del propio aparato estatal, sino de la iniciativa espontánea de ciudadanos e instituciones que operan fuera de él. 

La opacidad como incentivo racional 

Desde la perspectiva de la Elección Pública, los agentes políticos no son seres benevolentes que buscan el interés general: son actores racionales que responden a incentivos, como cualquiera de nosotros. Buchanan y Tullock (1962) lo demostraron con rigor: el político maximiza votos y poder, no bienestar social. En este marco, la transparencia presupuestaria real (no la de las ruedas de prensa, sino la que permite a un ciudadano medio entender cuánto le cuesta el Estado) resulta una amenaza directa para quien administra los recursos. 

Rothbard (2009) fue aún más directo. En su análisis del Estado como institución, argumentó que la fragmentación y complejidad del sistema tributario no es accidental, sino funcional. Cuanto más difícil sea para el contribuyente percibir la carga total que soporta, menor será su resistencia al gasto público. Las retenciones en nómina, los impuestos indirectos, la maraña de cotizaciones: todo opera, quizá no por conspiración, pero sí por convergencia de incentivos, para diluir la percepción del coste real del Estado. 

Y el caso español lo ilustra bien. Los datos de gasto público están repartidos entre el INE, la IGAE, la Seguridad Social, diecisiete comunidades autónomas y miles de ayuntamientos. Quien haya intentado alguna vez consolidar las cifras de deuda con los compromisos futuros de pensiones sabe de lo que hablo: es un laberinto. Los

Presupuestos Generales del Estado se presentan como ejercicio de transparencia, pero la realidad es que un ciudadano corriente no puede calcular cuánto le cuesta lo que recibe. Y un ciudadano que no puede hacer esa cuenta es un ciudadano que no puede evaluar a sus gobernantes. 

Bastiat (1850) lo intuyó antes que nadie con su distinción entre lo que se ve y lo que no se ve. Las pensiones comprometidas a décadas vista, la deuda implícita, el coste de oportunidad de cada regulación: invisible por defecto. Y la invisibilidad siempre beneficia al que gasta. 

Hayek al revés: el Estado como destructor de información 

La gran aportación de Hayek (1945) fue demostrar que el conocimiento relevante para la coordinación social está disperso entre millones de personas, y que ningún planificador puede agregarlo. Pero hay una dimensión que se explora menos: el Estado no solo no puede agregar la información dispersa en la sociedad, sino que activamente dificulta que los ciudadanos agreguen la información sobre él. En un mercado libre, el sistema de precios transmite información instantáneamente. Con el Estado, el «precio» del servicio público está troceado en impuestos, cotizaciones, tasas y compromisos futuros. Calcular lo que nos cuesta la sanidad o las pensiones per cápita requiere un esfuerzo casi profesional. Es el problema hayekiano del conocimiento aplicado a la rendición de cuentas democrática. 

La respuesta espontánea: ciudadanos que hacen lo que el Estado no hace 

Pero aquí viene lo interesante (y lo esperanzador). La sociedad civil no se sienta a esperar que el Estado se reforme. Cuando la información es valiosa y nadie la proporciona, surgen individuos e instituciones que llenan el hueco. Es orden espontáneo (Hayek, 1973) en estado puro. 

Un ejemplo llamativo es el USDebtClock.org estadounidense: una herramienta construida por ciudadanos que muestra en tiempo real la deuda federal, estatal, los compromisos de pensiones, la renta per cápita y decenas de indicadores cruzados. No es un proyecto gubernamental. Es una iniciativa privada, nacida de la frustración de alguien con la opacidad de las cuentas públicas de su país. Pura acción empresarial en el sentido de Kirzner (1973): alguien detectó que existía información valiosa que nadie estaba haciendo accesible y actuó. En España, hasta hace poco, no existía nada comparable. Empiezan a surgir iniciativas ciudadanas como cuentas-publicas.es, un dashboard fiscal en tiempo real que aspira a integrar deuda pública, déficit de la Seguridad Social, pensiones comprometidas y presión fiscal efectiva en un solo panel. Que un proyecto así tenga que nacer de la sociedad civil, y no de la administración que genera esos datos, dice más sobre los incentivos del sistema que cualquier análisis teórico.

Más cerca de nosotros, el trabajo de ciudadanos como Jon González (@Jongonzlz) y Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) ilustra el mismo patrón. González consolida periódicamente desde la red social X datos de presión fiscal que ningún organismo público facilita de forma accesible, y analiza cómo las cotizaciones sociales se van pareciendo cada vez más a impuestos. Gómez-Obregón, ingeniero de profesión, ha ido más lejos: dejó la dirección de su empresa para dedicarse a cruzar millones de contratos públicos con listas electorales, destripar la Base de Datos Nacional de Subvenciones y auditar las aplicaciones digitales del sector público, financiado exclusivamente por cientos de mecenas ciudadanos. Ninguno de los dos tiene detrás un presupuesto público. Tienen datos, código y la voluntad de hacer visible lo que debería serlo por defecto. 

En el plano institucional, el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides representa otro vértice de esa respuesta espontánea. Lleva el nombre de la exministra de Finanzas de Nueva Zelanda cuyas reformas convirtieron a un archipiélago ultraperiférico en referente mundial de transparencia fiscal. El Centro produce análisis riguroso sobre política económica española (vivienda, pensiones, gasto público…) y demuestra que la investigación independiente puede cubrir la función fiscalizadora que los organismos oficiales, por incentivos o por diseño, no ejercen del todo. 

Datos abiertos como condición de libertad 

Mises (1920) argumentó que el cálculo económico es imposible sin precios de mercado. Me parece que, de forma análoga, la evaluación ciudadana del Estado es imposible sin datos fiscales accesibles y comprensibles. La opacidad presupuestaria no es un problema técnico que se resuelva con un portal de datos abiertos. Es un mecanismo estructural, arraigado en los incentivos del propio sistema, que protege al gasto público del escrutinio de quienes lo financian. 

La respuesta liberal, creo, no pasa por pedir al Estado que se autorreforme. Eso sería ingenuo. Pasa por reconocer y apoyar las iniciativas espontáneas que ya están haciendo el trabajo. Cada hilo de datos en redes sociales, cada informe independiente, cada herramienta ciudadana de visualización fiscal es orden espontáneo en acción: individuos libres coordinando información dispersa para resolver un problema que ningún planificador tiene interés en resolver. 

La pregunta que debemos hacernos no es por qué el Estado no es más transparente (la respuesta a eso ya la dio Buchanan). La pregunta relevante es qué podemos hacer nosotros, desde la sociedad civil, para que la opacidad deje de ser rentable.

Referencias 

Bastiat, F. (1850). Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Guillaumin. [Edición en español: Lo que se ve y lo que no se ve, Unión Editorial, 2004]. 

Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press. 

Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review, 35(4), 519–530. 

Hayek, F. A. (1973). Law, Legislation and Liberty, Vol. 1: Rules and Order. University of Chicago Press. 

Kirzner, I. M. (1973). Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press. 

Mises, L. von (1920). Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 47, 86–121. [Edición en español: El cálculo económico en el sistema socialista, en Lecturas de Economía Política, Unión Editorial, 1982]. 

Rothbard, M. N. (2009). Anatomy of the State. Ludwig von Mises Institute. (Obra original publicada en 1965).

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