“El Estado es la gran ficción mediante la cual todos se esfuerzan por vivir a expensas de todos los demás” (Bastiat, 1849, p. 11). Así trató de definir con ironía el Estado Frédéric Bastiat en 1849, al darse cuenta de lo difícil que podía resultar aclarar ese “misterioso personaje” y que, lejos de ser una simple provocación, invita a preguntarnos: ¿qué distingue al Estado de una mafia, otra organización que controla territorios, recauda recursos y establece normas? ¿Es el Estado una mafia con un relato más convincente, o existe una diferencia esencial en su naturaleza?

Estas preguntas no solo desafían nuestra comprensión del poder político, sino que revelan una tensión profunda: tanto el Estado como la mafia comparten estructuras y funciones, pero se diferencian en la percepción de legitimidad que los sostiene. Como sugería Étienne de La Boétie, todo poder, sea estatal o mafioso, depende de la “servidumbre voluntaria” de quienes lo aceptan: “Es el pueblo el que se somete y se degüella a sí mismo; el que, teniendo la posibilidad de elegir entre ser siervo o libre, rechaza la libertad y elige el yugo; el que consiente su mal, o, peor aún, lo persigue” (La Boétie, 1548, p. 48).

Este ensayo explora las similitudes y diferencias entre el Estado y la mafia, sosteniendo que la verdadera frontera entre ambos reside en la legitimidad percibida: una construcción histórica y cultural que, de ser reproducida con éxito por una organización mafiosa, podría permitirle convertirse en un Estado.

El Estado y la mafia: definiciones y paralelismos

El Estado se define como “una comunidad de hombres, asentada en un territorio propio y dotada de una organización de la que se deriva, para el grupo considerado en sus relaciones con sus miembros, un poder superior de acción, mando y coerción” (Carré de Malberg, 1920, p. 7). Su legitimidad proviene de la aceptación, activa o pasiva, de su autoridad, respaldada por mecanismos formales como elecciones, leyes y narrativas de bien común (North et al., 2009, p. 118) y sobre todo por el monopolio de la coacción física legítima (Weber, 2002, p. 1056).

La mafia, por otro lado, es una organización criminal jerárquica que utiliza la violencia o su amenaza para producir y vender protección privada (Gambetta, 1993, p. 1), buscando el monopolio de este servicio en un territorio y, “mediante un sistema generalizado de extorsión, gravan, como lo haría un Estado, las principales actividades productivas que se desarrollan en su territorio. Así, las asociaciones mafiosas pueden considerarse organizaciones políticas en sentido weberiano” (Paoli, 2003, p. 19).

Así, a primera vista, da la sensación de que sus métodos parecen converger.

Similitudes funcionales: violencia, recaudación y normas

Como se ha podido ver, el núcleo del poder estatal, es el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, las mafias también recurren a la violencia. Por ejemplo, en Sicilia, la Cosa Nostra cobra el “pizzo”, o “pizzu” en siciliano (literalmente “picotazo”), a comerciantes, una cuota por “seguridad” que recuerda a los impuestos estatales (Paoli, 2003, p. 164) y cuyo propio nombre alude al derecho ancestral del capataz a “mojar el pico” con un puñado del grano de cada campesino. Ese gravamen (un componendum en el lenguaje jurídico) funcionaba como un impuesto: no financiaba inversión ni servicios nuevos, sino la dominación de una élite sobre el campesinado (Fentress, 2000, p. 163-164). El ejemplo más reciente es, sin lugar a dudas, el de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz que fue secuestrada y asesinada por negarse a pagar “su cuota” a la Mafia Veracruzana en México (El País, 2025).

Históricamente, los Estados no fueron tan diferentes: James C. Scott refuerza esta idea, señalando que los primeros Estados del Creciente Fértil usaban murallas y ejércitos para confinar poblaciones y extraer excedentes agrícolas, un sistema que evoca la extorsión mafiosa (Scott, 2017, p. 139). Charles Tilly sostiene que los Estados europeos modernos surgieron a través de un proceso comparable al crimen organizado, consolidando su poder mediante la eliminación violenta de rivales, la extracción coercitiva de recursos y la oferta de protección frente a amenazas que a menudo ellos mismos generaban (Tilly, 1985, p. 171).

Tanto es así que DiLorenzo sostiene que ciertos procesos legislativos no difieren en esencia del cobro mafioso de “protección”: ambos se basan en crear un riesgo artificial y luego cobrar por eliminarlo. Concluye que “no es pues algo distinto, en otras palabras, de las prácticas propias de los grupos del hampa cuando piden sobornos a cambio de permitir que una empresa exista en su vecindad” (DiLorenzo, 2012, p. 38). Albert Jay Nock lleva esta analogía más lejos, argumentando que los impuestos son una forma de apropiación política, similar a los “medios económicos” de las mafias (Nock, 2015, p. 21).

Ambas estructuras también producen normas: los Estados legislan y monopolizan tribunales, mientras que las mafias imponen códigos internos, como la omertà en la Cosa Nostra o las reglas de lealtad de la Yakuza, que incluyen obediencia absoluta al jefe y un sistema de sanciones como el yubitsume (Hill, 2003, p. 74), y hasta los civiles llegan a usar “tribunales” mafiosos en lugar de los estatales (Milhaupt & West, 2000, p. 44). En China, se llegó a distinguir la mafia negra que vende coerción “a la carta” (desde cobrar deudas hasta proteger hospitales) de la mafia roja integrada por funcionarios que trafican con favores y cargos mediante redes de guanxi (Wang, 2017, pp. 107‑110, 126).

Pero si los Estados nacieron de prácticas predatorias y comparten similitudes con la mafia, entonces, ¿es su legitimidad una mera construcción histórica que los diferencia de las mafias?

Diferencias clave: la percepción de legitimidad

El Estado moderno cultiva una aceptación universal gracias a símbolos, escuelas y rituales cívicos (Domínguez, 2015, párr. 3). En la arena internacional, esa legitimidad se se materializa mediante el reconocimiento externo: de hecho, la admisión en la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en la credencial más visible de estatalidad, si bien no es un requisito constitutivo en sentido estricto (Crawford, 2006; Convención de Montevideo,

1933, art. 1). Las mafias, en cambio, obtienen una legitimidad local allí donde el aparato público es débil: mientras la ’Ndrangheta media disputas rurales ignoradas por los tribunales estatales y la Yakuza ganó prestigio local tras ser “prominente en las tareas de socorro” durante el terremoto de Kobe (Morse & Zaun, 1995, p. 7). La literatura jurídica subraya que los clanes “entregaron ayuda, a veces más rápido que el propio gobierno” y capitalizaron la crisis para reforzar su legitimidad (Washington University GSLR, 2014, p. 803-804). Así,

cuando la legitimidad estatal se erosiona bruscamente, como ocurrió en Siria antes y después de la huida de Bashar al-Asad en 2024, emergen “Estados paralelos” capaces de proveer orden. El ejemplo de ISIS es revelador ya que llegó a dividir su gobernanza en dos grandes categorías: la administrativa dedicada a la difusión y aplicación religiosas, tribunales y castigos, programas educativos y relaciones públicas así como la orientada a los servicios dedicada a la ayuda humanitaria, panaderías e infraestructuras como redes de agua y líneas

eléctricas (Caris & Reynolds, 2014, p. 4). Ejemplos similares abundan: en Líbano, Hezbollah suple al Estado con redes sanitarias, escuelas, bancos e incluso gasolineras propias (Brookings, 2023). En México, el Cártel de Sinaloa llegó incluso, durante el COVID-19, a repartir “ayudas sociales con dinero para gastos menores, alimentos y desinfectantes [...] durante décadas, sus líderes han donado dinero para fiestas, iglesias locales y autoridades eclesiásticas, escuelas o para la construcción de estadios de fútbol” (Felbab-Brown, 2022).

De forma análoga, la mafia rusa de los 90 empleaba la famosa krysha mafiosa y sustituyó a los tribunales civiles para ofrecer servicios que combinan protección física, arbitraje y trámites aduaneros (Varese, 2001, p.59). En todos esos casos, el poder se legitima ofreciendo los mismos “servicios públicos” que el Estado ha dejado de proveer.

No obstante, los Estados democráticos disponen, al menos en teoría, de elecciones, división de poderes y constituciones que limitan al gobernante. El mafioso concentra las tres funciones clásicas (legislativa, judicial, ejecutiva). Sin embargo, que una persona reúna todas las funciones no le arrebata a la organización su carácter mafioso o estatal. Pues, una cosa es el Estado (pueblo, territorio y soberanía) y, otra cosa es, su modo de organización, es decir, el gobierno de uno como monarquías y tiranías, el gobierno de unos pocos como aristocracias y oligarquías o el gobierno de “muchos” como repúblicas y democracias (García, 2024, p. 29).

Además, según Olson, el “bandido estacionario”, ya sea un monarca absoluto o un capo mafioso, prefiere gravar de forma continua a la población antes que saquearla y huir, porque los costes de la violencia son mayores y, sobre todo, porque la posibilidad de imponer reglas estables le asegura una fuente de ingresos duradera. (Olson, 1993, p. 568-569).

Así, si la legitimidad puede transferirse del Palacio a la calle y los mecanismos de control pueden colapsar en semanas, la pregunta ya no es si una mafia puede volverse Estado, sino cuándo y con qué relato.

Conclusión

El Estado y la mafia comparten un origen predatorio: ambos controlan territorios, recaudan recursos y establecen normas mediante la violencia. Sin embargo, el Estado se distingue por su aspiración a una legitimidad universal y, en teoría, por su rendición de cuentas. Además, la presencia estatal se ha vuelto tan normal en la actualidad que, aún concediendo que el Estado comparte rasgos mafiosos, sigue siendo imprescindible para muchos dado que sólo él sería capaz de redistribuir renta, financiar bienes públicos y corregir desigualdades y “fallos de mercado”. Sin embargo, la evidencia histórica y empírica indica que los mercados, las comunidades locales y la filantropía voluntaria ya produjeron faros (Coase, 1974, p. 360), carreteras (Klein, 1990, p. 798-799; Bogart, 2005, p. 2), educación (West, 1994), seguros de salud y protección social (Beito, 2000) antes de que el Estado monopolizara esas funciones; servicios que no surgieron de un vacío sino que se apoyaron y, a la vez, desplazaron las instituciones preexistentes para legitimar el intervencionismo estatal.

El monopolio pues, no surge porque la sociedad sea incapaz de auto‑organizarse, sino porque resulta rentable para quienes controlan el aparato político (Buchanan & Tullock, 1962, p. 207). Además, como sostiene Spencer, “cada nueva injerencia del Estado fortalece la tácita presunción de que es un deber del gobierno ocuparse de todos los males y asegurar el mayor número de bienes. [...] El pueblo, habituado a considerar los beneficios recibidos del Estado como gratuitos, alienta continuamente esperanzas de recibir otros nuevos” (Spencer, 1884, p. 10). En suma, la legitimidad que diferencia al Estado de la mafia no descansa en la provisión de bienes públicos ni en la redistribución, sino en la creencia, refutada por la evidencia histórica y empírica, de que solo el Estado puede proveerlos de forma eficiente y “justa”; dicha creencia, a su vez, refuerza su aceptación social.

Al fin y al cabo, la diferencia observable es qué narrativa legitima la extracción de recursos y qué controles existen para frenar el abuso. Un Estado que abusa de su poder, como en autocracias o cleptocracias, puede parecer una “mafia con bandera”, mientras que una mafia que logra legitimidad universal podría convertirse en Estado. De ahí que, todo Estado descansa en convenciones. La diferencia reside en que son convenciones públicas, generalizables y monitoreadas que facilitan la cooperación anónima a gran escala. Sin embargo, si la creencia colectiva cae por debajo de cierto umbral (corrupción masiva, represión extrema), el equilibrio se rompe y aparecen equilibrios alternativos que pueden ser: un colapso sin reemplazo como señores de guerra (Somalia entre 1991-2005), una re-consolidación autoritaria mediante la creación de un nuevo Estado fuerte (Rusia entre 1990-2000) o una transición negociada hacia una democracia limitada pero estable (España 1975-1986).

Bastiat lo advirtió con ironía y La Boétie con desaliento: todo poder descansa sobre nuestra servidumbre voluntaria y, si la legitimidad es una construcción, ¿qué impide que una mafia, con el tiempo y el relato adecuado, se convierta algún día en Estado?

Bibliografía

Bastiat, F. (1849). L’État: Maudit argent. Guillaumin.

Beito, D. T. (2000). From mutual aid to the welfare state: Fraternal societies and social services, 1890–1967. University of North Carolina Press.

Bogart, D. (2005). Turnpike trusts and the transportation revolution in 18th‑century England. Explorations in Economic History, 42(4), 479‑508.

Brookings Institution. (2023, 17 noviembre). On Hezbollah, Lebanon, and the risk of escalation.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy. University of Michigan Press.

Caris, C. C., & Reynolds, S. (2014, julio). ISIS governance in Syria (Middle East Security Report No. 22). Institute for the Study of War.

Carré de Malberg, R. (1920). Contribution à la théorie générale de l’État. Librairie du Recueil Sirey.

Coase, R. H. (1974). The lighthouse in economics. Journal of Law and Economics, 17(2), 357‑376.

Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados. (1933, 26 diciembre). Tratado multilateral.

Crawford, J. (2006). The creation of states in international law (2.ª ed.). Oxford University Press.

DiLorenzo, T. J. (2012). Crimen organizado: El Estado, la verdad sin maquillaje (J. J. Gamon Robres, Trad.). Mises Institute.

Domínguez, J. A. (2015, 14 marzo). La teoría del Estado de Miguel Anxo Bastos (I). Instituto Juan de Mariana.

El País. (2025, 25 julio). “Con la Mafia Veracruzana no se juega o terminarán como yo”: Las últimas palabras de Irma Hernández, taxista y maestra jubilada.

Felbab‑Brown, V. (2022, 4 abril). How the Sinaloa Cartel rules. Brookings Institution.

Fentress, J. (2000). Rebels and mafiosi: Death in a Sicilian landscape. Cornell University Press.

Gambetta, D. (1993). The Sicilian mafia: The business of private protection. Harvard University Press.

García, J. (2024). El triunfo de la estupidez: Por qué la ignorancia es más peligrosa que la maldad. Plaza & Janés.

Hill, P. B. E. (2003). The Japanese mafia: Yakuza, law and the state. Oxford University Press.

Klein, D. B. (1990). The voluntary provision of public goods? The turnpike companies of early America. Economic Inquiry, 28(4), 788‑812.

La Boétie, É. de. (2014). Discurso sobre la servidumbre voluntaria [1548]. Daruma.

Milhaupt, C. J., & West, M. D. (2000). The dark side of private ordering: An institutional and empirical analysis of organized crime. The University of Chicago Law Review, 67(1), 41‑98.

Morse, A., & Zaun, T. (1995). The Great Hanshin Earthquake (JPRI Occasional Paper No. 2). Japan Policy Research Institute.

Nock, A. J. (2015). Nuestro enemigo el Estado (J. A. Soler, Trad.; ed. rev.) [Obra original publicada 1935]. Unión Editorial.

North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.

Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. American Political Science Review, 87(3), 567‑576.

Paoli, L. (2003). Mafia brotherhoods: Organized crime, Italian style. Oxford University Press.

Reilly, E. F., Jr. (2014). Criminalizing Yakuza membership: A comparative study of the Anti‑Boryokudan Law. Washington University Global Studies Law Review, 13(4), 801‑829.

Scott, J. C. (2017). Against the grain: A deep history of the earliest states. Yale University Press.

Spencer, H. (1884). El individuo contra el Estado (A. Gómez Pinilla, Trad.). F. Sempere y Cª Editores.

Tilly, C. (1985). War making and state making as organized crime. En P. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in (pp. 169‑191). Cambridge University Press.

Varese, F. (2001). The Russian mafia: Private protection in a new market economy. Oxford University Press.

Wang, P. (2017). The Chinese mafia: Organized crime, corruption, and extra‑legal protection. Oxford University Press.

Weber, M. (2002). Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica.

West, E. G. (1994). La educación y el Estado (1.ª ed.). Unión Editorial.

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