Cuando los gobiernos convierten la estatalidad en arma contra su propio pueblo, ¿puede la soberanía seguir reclamando ser absoluta?

 

¿Qué auguran los hechos que han definido el año 2026 para el porvenir de la humanidad? ¿Qué tienen en común los recientes acontecimientos en Venezuela, Cuba e Irán, más allá de la intervención de los Estados Unidos? Cada una de estas sociedades soportó décadas de lucha por desmantelar regímenes autoritarios profundamente arraigados y, en cada caso, el derecho internacional fracasó estrepitosamente en la protección de sus ciudadanos.

Partiendo de la obra de Felipe Hasson (Como, por ejemplo: “Ningún gobierno tiene derecho de destruir a su propio pueblo en paz”) resulta indispensable revisar qué significa realmente la soberanía hoy, cómo ha cambiado y hacia dónde se encamina. Durante décadas, demasiados Estados la han invocado como escudo: una palabra jurídica desplegada para sustraer el poder de toda rendición de cuentas, mientras se perpetraban algunas de las atrocidades más graves que el mundo moderno haya presenciado.

Un abuso registrado en la historia

El registro es inequívoco. Los nacionalsocialistas alemanes legalizaron y ejecutaron el Holocausto. La Unión Soviética encarceló a miles de disidentes políticos. El Partido Comunista Chino llevó a cabo sucesivas purgas internas y continúa discriminando de manera sistemática a la población uigur. Tras la Revolución Islámica, Irán persiguió y ejecutó a mujeres por no acatar la ley sharía, al margen de sus creencias personales, y masacró a decenas de miles de manifestantes durante las recientes protestas masivas. El régimen cubano desarticuló deliberadamente el tejido de la sociedad civil, generando miseria endémica mientras su dirigencia vivía en una opulencia manifiesta. Ruanda y la antigua Yugoslavia fueron escenario de genocidios que conmocionaron la conciencia del mundo.

Y el régimen venezolano, en menos de treinta años, transformó lo que había sido la nación más próspera de la región en el epicentro de la mayor crisis de refugiados en tiempos de paz del hemisferio occidental: una catástrofe agravada por el patrocinio del régimen a cárteles de la droga, organizaciones terroristas y la detención y tortura sistemáticas de sus opositores políticos. La lista es necesariamente incompleta. Sin embargo, el patrón resulta inconfundible: en cada uno de estos casos, la soberanía fue empleada como arma contra las mismas poblaciones que estaba llamada a proteger.

Una breve historia de la evolución de la soberanía

La soberanía, como concepto jurídico y político, nunca ha sido estática. En su formulación original, enraizada en lo que los juristas denominan iuspositivismo, no era más que la prerrogativa divina de los reyes: un mandato de Dios para gobernar a sus súbditos, formalizado entre reinos conforme a los principios que se cristalizaron con la Paz de Westfalia en 1648. Los Estados eran tratados como iguales ante el derecho, con inviolabilidad territorial y no injerencia en sus asuntos internos. El poder, en ese esquema, no respondía ante nadie salvo Dios.

La era napoleónica introdujo un giro decisivo. La instrumentalización que Napoleón hizo del concepto de "Nación" alumbró el nacionalismo moderno y reformuló los principios fundacionales de las relaciones internacionales: la integridad territorial, la igualdad formal entre los Estados y la doctrina de no intervención. Estos se convirtieron en los pilares del orden internacional que, en muchos sentidos, aún habitamos.

Lo que siguió fue una reorientación lenta pero profunda. La Ilustración y el constitucionalismo empujaron la soberanía de vuelta hacia un marco iusnaturalista: la emergencia del Estado de derecho, con sus garantías de vida, libertad y propiedad, que rememoran la tradición pretoriana romana y la Carta Magna, impuso nuevas obligaciones a los Estados respecto de sus propios ciudadanos. El Estado dejó de ser una mera estructura de poder para convertirse en una institución responsable ante quienes gobernaba.

Los organismos internacionales han reforzado esta trayectoria desde entonces, ratificando tratados y convenciones que consagran los derechos individuales frente al ejercicio arbitrario del poder estatal. El reconocimiento del ser humano como sujeto autónomo del derecho internacional, y no mero objeto de la autoridad estatal, ha resultado verdaderamente transformador. Los individuos tienen hoy legitimación como titulares de derechos. Esto ha relativizado la concepción clásica y absoluta de la soberanía, tornándola más porosa, más condicional e interdependiente de lo que jamás imaginaron quienes la concibieron.

Como ejemplo de ello, la doctrina conocida como Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés) constituye una de las expresiones más significativas, aunque aún controvertidas, de esta evolución. Su lógica es directa: los Estados tienen la obligación primaria de proteger a sus poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Cuando un Estado incumple manifiestamente esta obligación, o cuando el propio Estado se convierte en perpetrador, la comunidad internacional adquiere el derecho y la responsabilidad de intervenir: mediante la diplomacia, las sanciones o, como último recurso, la fuerza.

La intervención de 2011 en Libia, autorizada al amparo de la R2P, ofrece una ilustración aleccionadora. Si bien el objetivo declarado, proteger a la población civil, lo que técnicamente implicó la remoción de Muamar Gadafi, fue alcanzado, sus consecuencias desencadenaron años de inestabilidad regional. La experiencia libia ha tornado la aplicación de la R2P considerablemente más controvertida desde entonces, poniendo de relieve la dificultad de traducir un principio sólido en una práctica coherente y sostenible. El principio es acertado; su aplicación sigue siendo una obra en construcción.

Venezuela: un estudio de caso sobre la soberanía en transformación

El caso de Venezuela ilustra estas tensiones con nitidez, aunque es preciso reconocer que los intereses geopolíticos y la lógica de la realpolitik han desempeñado también un papel determinante, junto con los argumentos jurídicos de principio.

El 28 de julio de 2024, la sociedad civil venezolana protagonizó un extraordinario acto de resistencia cívica. A riesgo personal enorme (exposición a la desaparición forzada, la prisión extrajudicial y la tortura), ciudadanos corrientes documentaron y denunciaron el fraude electoral sistemático del régimen, remitiendo pruebas irrefutables a la Organización de los Estados Americanos y a otros organismos internacionales. La respuesta de la comunidad internacional fue, para decirlo sin rodeos, un fracaso. Todos los organismos relevantes optaron por no intervenir. Los venezolanos fueron abandonados a su suerte. Con aproximadamente diez millones de personas, un tercio de la población total del país, ya en el exilio, el intento de restaurar la gobernanza democrática había llegado a un punto muerto. No fue sino hasta la remoción de Maduro el 3 de enero del presente año que se abrió la posibilidad de una transición política genuina.

En los días siguientes, numerosos críticos condenaron la acción como "imperialista" y constitutiva de una violación de la soberanía venezolana. La crítica merece ser examinada. ¿No constituye igualmente una violación de la soberanía el hecho de que el régimen venezolano cediera su riqueza petrolera a cambio de los servicios del aparato de inteligencia cubano, que ha funcionado como guardia pretoriana contra los propios ciudadanos venezolanos? ¿No lo es también entregar las reservas de oro y petróleo de la nación a Rusia y China a cambio de protección política? ¿O transferir uranio a Irán para financiar su programa nuclear, a cambio de la presencia de operativos de Hezbolá en territorio venezolano? ¿O suscribir acuerdos de reparto de ganancias con cárteles del narcotráfico que han corroído cada una de las instituciones del Estado?

Si un gobierno puede subcontratar su soberanía a actores extranjeros para perpetuar la opresión de su propio pueblo, ¿en qué fundamento de principio puede luego invocar esa misma soberanía para resistir la intervención de quienes buscan liberar a ese pueblo? Quienes formulan esas críticas aún deben responder estas preguntas.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

Lo que estamos presenciando es la evolución natural, y necesaria, de lo que entendemos por soberanía. El debate está lejos de zanjarse: sus contornos son disputados, sus implicaciones son profundas y su aplicación práctica es incierta. Merece un compromiso abierto y riguroso, precisamente en espacios como este.

Lo que parece cada vez más claro es lo siguiente: en un mundo globalizado e interdependiente, un gobierno que despliega el aparato del Estado para perseguir sistemáticamente a sus propios ciudadanos, y que a continuación se ampara en la inmunidad Soberana, está cruzando una línea que la comunidad internacional, pese a sus vacilaciones, ya no tolerará indefinidamente.

La nueva soberanía no es una licencia para la impunidad. Es un pacto de gobernanza, que conlleva tanto obligaciones como derechos, y que el mundo está aprendiendo, lentamente, imperfectamente, pero de manera inequívoca, a hacer cumplir.

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